Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

del Estado el 10 de diciembre de 2007 y en cumplimiento a la regulación se somete a referéndum constitucional, entrando en vigencia el 7 de febrero de 2009. Se debe advertir que siguiendo las experiencias de otros países latinoamericanos tales como: Colombia (1991); Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia bajo el influjo de la nueva corriente de pensamiento doctrinal y filosófico, se inserta en la corriente denominada Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, siguiendo la lógica de construcción estatal iniciada en los países de Europa, bajo la égida de la corriente denominada también Neo Constitucionalismo. Esta Constitución marca un camino diferente a la nueva forma estatal e institucional, privilegia superlativamente la diferencia cultural y la formación de naciones dentro de lo que denominan el Estado Plurinacional, reconociendo ampliamente los derechos de los pueblos indígenas a ejercer su institucionalidad política-jurídica como potestad jurisdiccional, en la medida que la Constitución las reconocen como parte del Estado. Sin embargo, es notorio que la Constitución, en función del enfoque a la que se circunscribe, se convierte en un espacio que expresa acuerdos políticos coyunturales que los plasmas en la norma constitucional, para contener a los diferentes actores políticos y sociales, no es una norma que toma una lógica constitutiva unitaria, sino que pretende regular las diferencias manteniendo y a veces exacerbando las mismas, por lo que se convierte en un norma compleja, contradictoria y a la vez profusa en regulaciones, al tratar de resolver estas diferencias en pactos circunstanciales con los actores políticos diversos del momento, de ahí surgen sujetos jurídicos compuestos y disímiles como: Indígena-originario-campesino. Esta Norma no prevé horizontes comunes como estado-nación, sino trata de resolver los errores e injusticias históricas sin resolver de la sociedad como ser las divisiones culturales, raciales, de estatus y con horizontes políticos. Es en este contexto que la presente investigación pretende demostrar que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, limita y vulnera derechos de los pueblos indígenas, principalmente relativos al ejercicio de facultades jurisdiccionales reconocidas por el actual texto constitucional, identificando las causas principales de este hecho.