Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

57 con el Código de Familias, el cual indica que no se pude transigir sobre el estado civil de las personas, determina la exclusión de cualquier asunto que verse sobre ello. De allí que respecto de cualquier litigio, presente o futuro, originado en las relaciones jurídico familiares, pero de contenido patrimonial o transable, no encontramos impedimento legal para someterlo a al proceso arbitral, nos referimos entonces a la liquidación de los regímenes económicos del matrimonio. De aceptarse este camino alternativo de solución de ésos conflictos familiares, el convenio arbitral, podría celebrarse en las capitulaciones matrimoniales o maritales, respecto del régimen económico que lleguen a surgir, el cual consistiría en una clausula compromisoria introducida en el texto de dicho convenio, incluso una vez surgido el conflicto, podría ser presentado en la demanda de divorcio en lugar de presentar un acuerdo regulador, en tanto se ventila la desvinculación conyugal, este podría ser objeto de un compromiso para excluirlo del Juez Familiar y someter a un arbitramiento y no así a un proceso incidental de separación de bienes en ejecución de sentencia o un proceso ordinario de separación de bienes. El presente trabajo de acuerdo a la hipótesis planteada en la investigación para la aplicación del arbitraje en materia de divorcio, y su compatibilidad con la legislación boliviana, concluye que: 1. En los últimos años existe un aumento progresivo de litigios, agudizando el retraso jurisdiccional con procesos lentos y costosos para el Estado y las partes litigantes. 2. Las reformas procesales en el ámbito jurisdiccional han aportado soluciones parciales para agilizar la jurisdicción. 3. Cuando el derecho es disponible, las personas pueden resolver sus controversias por medio de la jurisdicción o por los medios alternativos de solución de conflicto “arbitraje”. 4. Existe una conexión funcional entre la jurisdicción y el arbitraje. 5. El Estado debe conseguir el acceso a la justicia, como derecho fundamental de todos los ciudadanos bolivianos.