Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

24 educación especial, la cual es financiada por el Ministerio de Educación de Chile, también cuenta con un hogar que acoge a 280 personas y dos asilos mentales en los que residen 60 ancianos (Inostroza, 2016). En esa misma época “se define y forja una modalidad de atención de carácter segregador, que consistió básicamente en dar atención (…) a personas con discapacidad en centros y escuelas especiales separadas de las regulares”. A partir de 1978, se inició una nueva forma de entender la atención especial a personas con discapacidad, con el objetivo de que no solo se trate de optimizar los avances en “el desarrollo de la persona en función de su discapacidad, sino también de proporcionar un conjunto de apoyos y recursos que han de implementarse en el sistema educativo regular para dar respuesta educativa adecuada y favorecedora del máximo desarrollo global” (Godoy, 2004, p.3). Luego, en 1989, con la declaración de las “Directrices de Tallin para el Desarrollo de los Recursos Humanos en la Esfera de los Impedidos” y los “Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental” de 1991, se planteó la discapacidad “como un problema de derechos humanos, en cuya solución debieran participar todos los órganos de vigilancia de aquellos” , por esto, en 1993, la “Asamblea General adoptó las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”. En ese mismo año, se creó el primer centro de asistencia para personas con discapacidad en Tacna, Perú, “un espacio que ha ido mejorando con los años, tanto su infraestructura como equipamiento utilizado para la rehabilitación de los pacientes” (Biel, 2011, p.4). Durante los años posteriores con “la adopción de las Normas Uniformes, fueron numerosas las decisiones y resoluciones que los órganos de Naciones Unidas vinculados a los derechos humanos dedicaron a las personas con discapacidad”. Por esa razón, en 2001, el gobierno de México “propuso, primero en la Conferencia Mundial de Durban y después ante la Asamblea General, la posibilidad de crear una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”. A partir de entonces, en el marco de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, México “adquiere el compromiso de elaborar y poner en práctica políticas, leyes y medidas administrativas para asegurar los derechos reconocidos en ese instrumento jurídicamente vinculante” (INEG, 2013, p.22).