Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

23 La administración penitenciaria en Bolivia es estatal y pública, depende del poder ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno, cuyo órgano operativo es la Dirección General de Régimen Penitenciario. Según el informe presentado por la DGRP en el año 2019 las cárceles bolivianas reflejan la pobreza del país en algunas de sus facetas más crudas, la población penitenciaria masculina era de 16.933 internos, distribuidos en un total de 51 establecimientos penitenciarios, cárceles o carceletas en todo el país. Con un presupuesto del Estado ligeramente superior a los cuatro millones de dólares estadounidenses anuales destinados a cubrir alimentación, gastos de salud, servicios personales, servicios básicos y otros. Figura 12: Línea de tiempo contexto nacional Fuente: Elaborado en base a información recopilada. 1.3 Antecedentes Generales La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, adopta las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos en los centros penitenciarios modelo, mismas que fueron aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 1977. El objetivo de estas reglas y su aplicación en los centros penitenciarios, únicamente trata de establecer los principios y las normas de una buena organización penitenciaria, inspiradas en los conceptos actuales y elementos esenciales de los sistemas contemporáneos de nuestros tiempos. Entre las reglas de aplicación general emitidas podemos mencionar: