Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

79 1. Introducción Un centro penitenciario es una infraestructura destinada al cumplimiento de las penas o sentencias judiciales, a través de la internación y el aislamiento de las personas sometidas a detención, prisión preventiva o condena, como cumplimiento de una pena de privación de libertad. A su vez, un centro penitenciario es un establecimiento destinado al proceso o tratamiento de rehabilitación de las personas privadas de libertad, mediante una serie de intervenciones, medidas y actividades que fortalecen las capacidades físicas, sensoriales y psicológicas del usuario, con la finalidad de reintegrarlos o reinsertarlos a la sociedad, como miembros sustanciales dentro de ella. Según Wolters (2018), los centros penitenciarios son establecimientos institucionales dotados de una organización propia autorizada por el gobierno o estado, bajo un sistema de régimen en específico, destinados al tratamiento e internación de las personas sometidas a detención, cuyo principal objetivo es la rehabilitación y reintegración social de sus usuarios. De acuerdo, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un centro penitenciario es un establecimiento destinado para el cumplimiento de las penas o sentencias judiciales. Según el informe de la ONU el propósito del centro es la rehabilitación de las personas privadas de libertad. Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), define al centro como una institución propia perteneciente a un sistema de régimen penitenciario en particular, destinado al internamiento de las personas sometidas a detención y privación. A su turno, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su artículo 23, garantiza que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá estar restringida en los límites señalados por la ley. A su vez, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión № 2298, en su artículo 9, establece que la persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se encuentra excluido de la sociedad. De acuerdo, con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a nivel nacional se registra desde el año 2009 a 7.142 personas privadas de libertad del sexo masculino, en el año 2015 se observa un crecimiento notorio y exponencial de 12.560 (PPLs), sin embargo, en el año 2019 se contempla hasta el mes de abril a 16.933 (PPLs). El departamento más afectado es Santa Cruz de la Sierra, de acuerdo a registros disponibles se evidencia, en (abril, 2019), a 6.570 (PPLs) del sexo masculino pertenecientes al