Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

25 flagelamiento público, el marcado del cuerpo e incluso la muerte. (Pinto, 2004, p.29) Posteriormente, en 1855, las cárceles fueron creadas no solamente en cada capital de departamento, sino también en provincias. Los establecimientos penales o prisiones, se dividieron en prisiones municipales y cárceles. Las prisiones debían hallarse en cada distrito municipal, según los artículos 427 y 437 del Procedimiento Criminal, y en ellas tenían que cumplirse las penas leves de arresto que los alcaldes parroquiales podían aplicar conforme un precepto de la Ley Orgánica. (Bridikhina, 1997, p.5) Al mismo tiempo, estas prisiones estaban destinadas para la detención provisional de los procesados por crímenes, hasta que pudiera ser conducidos a las cárceles de partido. Las cárceles que existían en la República, a excepción de algunas casas de arresto en cantones, se reducían a la de las ciudades y capitales de provincia. En ellas cumplían sus condenas los reos sentenciados a presidio, a obras públicas y arresto. Los mismos lugares servían para custodiar a los detenidos mientras duraba el proceso, para alojar a los apremiados por causas civiles, a los arrestados por diversas faltas, convivían los sindicados por toda clase de delitos con los menores de edad, los ancianos y aún en confusión de los sexos en las cárceles de provincia. La gente ilustrada de la época declaraba inconveniencias de este sistema: la enseñanza recíproca de los individuos, versados en todos los vicios y en todos los delitos, los expertos pretendían perfeccionarse en la carrera de crimen, con relación de ser ejecutados en la delincuencia, los consejos surtirían sus efectos perniciosos, y los más jóvenes recibirían, como sucede con cierta veneración y admiración de los mayores, a quienes consideran sus jefes y maestros. Los presos bolivianos continuaron en edificios improvisados que no ofrecían las mínimas condiciones de habitabilidad para un número cada vez mayor de presos y las leyes, a pesar de que formalmente enunciaban derechos y juicios justos, no pudieron imponerse sobre la mentalidad estigmatizadora de los sectores de poder, que consideraban desechos sociales a los presos, aun cuando todavía no hubieran sido sentenciados. Incluso la propia reivindicación y lucha del movimiento popular excluyó a los presos, porque la demanda de justicia estaba dispersa en todo el conjunto social, pero también porque no se veía el nexo entre la reivindicación de mejores condiciones de vida y justicia para los presos. En la dictadura permitieron que muchos sectores obreros y clases medias tomaran contacto con la realidad penitenciaria, pero más allá de la reivindicación política de grupo, jamás se vio la necesidad de transformar el sistema de justicia. El sistema cloacal, a este tipo de recintos penitenciarios continuó indemne hasta la actualidad.