Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

42 Los gobernadores (directores de penales) son policías que sólo saben de guarda y contención e ignoran su obligación de respeto por los derechos humanos contenida en la ley. Tienen inusitada agilidad funcionaria cuando se trata de imponer castigos y excesiva burocracia cuando se trata de que los presos Cabe mencionar que, si bien este tema del hacinamiento debe abordarse desde una perspectiva integral de política penitenciaria, la Ley dispone en El Art. 83: “Capacidad de los Establecimientos. La capacidad máxima de albergue de cada establecimiento penitenciario, estará preestablecida por Resolución Ministerial. El número de internos en cada establecimiento, no podrá superar su capacidad máxima, a fin de asegurar la adecuada custodia y tratamiento del interno. El director del establecimiento, estará facultado para rechazar el ingreso excedente de internos.” Nuevamente, tanto la Ley como la normativa internacional se contraponen a la realidad: el art. 27 de la Ley establece que “todo interno, recibirá de la administración una alimentación de buena calidad, con valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud” en consonancia con la Regla 20 de las Reglas Mínimas. 1.5 Análisis de usuario Actualmente en Bolivia existen 19 recintos penitenciarios ubicados en las capitales de departamento y 67 en las provincias. La gran mayoría de ellos, son locales improvisados en casas antiguas o monasterios. La cárcel de San Pedro fue hasta el año de 1992, la única cárcel construida con ese objeto. A partir de 1990 se empiezan a construir recintos penitenciarios como los de Palmasola en Santa Cruz, Chonchocoro en La Paz, el Abra en Cochabamba, Cantumarca en Potosí y la cárcel de Villa Buch en Cobija, Pando; que presentadas como cárceles modelo pretenden mostrar a las autoridades de turno como modernas y humanas. En realidad, el objetivo último de estas construcciones es el de recuperar la potestad autoritaria del Estado en las cárceles, por una parte, y por otra responder a las exigencias de la presión internacional a través de EEUU para construir cárceles más seguras en la lucha contra el narcotráfico, para lo que, además, otorgan el financiamiento.