Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

15 privados de libertad y cuya capacidad es de 600; San Pedro de La Paz con capacidad para 800 personas y actualmente con una población de 2.300 personas. Los casos de Riberalta, Guayaramerín, Trinidad y San Sebastián son igualmente críticos. Las cárceles se han convertido en micro-espacios sociales donde el control verdadero lo tienen grupos privados de libertad que por un lado administran los sistemas de distribución de espacios, sanciones, alimentación, apoyo material y psicológico e incluso asesoramiento legal, pero por otro pueden convertirse en espacios de gestión de la violencia, la delincuencia y el abuso. Poco puede hacer la entidad policial para controlar y menos para promover los principios de reinserción que deben regir a la privación de libertad. Los menores encarcelados (de 16 a 21 años de edad) no son separados de los reclusos adultos en las cárceles y esto genera constantes denuncias por violaciones, abusos y los programas de rehabilitación para delincuentes juveniles u otros prisioneros son escasos. El incremento del número de jóvenes en las cárceles es otro problema que se suma a los existentes. Tan sólo en Santa Cruz el incremento de jóvenes entre 16 y 21 años en ese recinto aumentó en 50% en los últimos años. Uno de los problemas más críticos es la corrupción con la venta y compra de espacios para poder pasar la noche, las personas recluidas en una cárcel deben disponer de recursos para poder sobrevivir. Generalmente, quien mantiene a un interno o interna es su familia. Los gastos más comunes son la compra de una celda y del manejo de datos y archivos personales de los privados de libertad, que es un negocio por parte de la seguridad penitenciaria. Los medios de comunicación informaron que en algunos centros rurales una cantidad de hasta 45 presos permanecieron recluidos en una sola celda. La inexistencia de una adecuada atención médica en las cárceles es otro indicador de las violaciones a los derechos humanos. Ya que no cuenta con una Infraestructura para el área de enfermería y si cuentan con ella, se puede evidenciar que no existen médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadoras sociales, psiquiatras, etc. Por último, la sistemática violación de los derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. Es una contradicción hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida a maltratos, incluso tratos crueles e inhumanos. Finalmente tenemos el problema de la discriminación social que hace del privado de libertad